Aunque la Policía detuvo a tres de los acusados, crece el reclamo para que todos vayan presos y frenen la inseguridad.
La muerte de Alan Rico, el joven de 17 años, que agonizó durante un mes tras haber sido atacado por una patota, mantiene conmocionada a toda la comunidad de Esteban Echeverría, donde, a pesar de las recientes detenciones de tres de los acusados, reforzaron el pedido de justicia, de mayor seguridad y cambios en la Comisaría 5ta. de la localidad de El Jagüel.
“Luchó por su vida durante un mes, pero ya no lo tenemos más. Queremos que se haga justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron, porque a mi hijo no me lo van a devolver. No queremos que esto le pase a otra familia”, expresó la madre de la víctima.
Alan fue atacado por una patota el 23 de agosto en inmediaciones de la Plaza 9 de Julio, cuando se dirigía a un club de barrio junto a tres amigos -que lograron escapar-, y debió ser internado de urgencia con una fractura de cráneo y en estado de coma en el Hospital Santamarina de Monte Grande. Según los investigadores, el joven fue atacado con golpes de puño y patadas hasta que uno de los atacantes, mientras estaba indefenso en el piso, lo golpeó con una botella en la cabeza que le produjo la herida que desencadenó en su fallecimiento. En ese momento también le robaron dinero, su celular y las zapatillas.
Gracias a la intervención de la Dirección Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora, se logró la detención de tres de los acusados de haber participado en la golpiza, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 17 años, mientras el resto de la patota -que eran unos 15 en total, según los testimonios- continúan prófugos.
El padre de Alan comentó que “en el barrio Martínez Moreno, alrededor de la Plaza 9 de julio donde sucedió esta atrocidad, todos los vecinos le tienen miedo a estas las bandas que se juntan allí y que hasta les cobran peaje”.
“Queremos que esto pare, que ninguna otra familia sufra lo que sufrimos nosotros, no queremos revanchismo, pero sí que todos vayan presos”, agregó la mamá, quien sostuvo que “en el barrio no hay seguridad porque la Comisaría de El Jagüel es un desastre”.
En la causa intervino originalmente la Unidad Funcional de Investigación N° 1 del Departamento Judicial lomense, aunque el expediente recaería en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de esos tribunales, dada la condición de menores de edad de los individuos que fueron capturados.