Más de 30 familias que ya habían construido sus casas y alrededor de 100 compradores de lotes fueron intimados por la Justicia y perdieron el dinero invertido.
Mas de 30 viviendas y alrededor de 100 lotes sin edificar o con construcciones a medias fueron desalojados por la Justicia en el barrio privado “Mi sueño” de Florencio Varela, un predio de 12 hectáreas subdividido y comercializado durante los últimos tres años en valores que fueron desde los 600 mil hasta el millón y medio de pesos por parcela, como consecuencia de una estafa perpetrada por al menos cuatro inmobiliarias de Quilmes que ascendería a los 100 millones de pesos.
Se vivieron momentos de tensión en el barrio ubicado sobre la Ruta 53 y la calle 1433 del paraje El Alpino. Un propietario, que había edificado su casa y una piscina, amenazó con ahorcarse en presencia de la Policía si se consumaba el desalojo.
Finalmente, fueron obligados a retirarse y, en el mismo momento, realizaron un piquete en la puerta del vecindario. Durante la jornada de ayer, un grupo se trasladó hasta la puerta de la Fiscalía Descentralizada de Florencio Varela para exigir la devolución de sus propiedades.
La investigación judicial surgió tras la denuncia por “usurpación de propiedad” realizada por la empresa Aqualand Argentina S.A., dueña legítima de las tierras donde se erigió el barrio privado, el cual había sido delimitado por un extenso paredón y funcionaba con vigilancia privada.
La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Florencio Varela, a cargo de la fiscal Vanesa Maiola, quien, después de varios meses, reunió pruebas suficientes para acreditar la titularidad de las tierras por parte de la firma. Fue entonces que, por orden del Juzgado de Garantías Nº 8 de Florencio Varela, este jueves fueron desalojados una treintena de ocupantes de inmuebles, al tiempo que un centenar de compradores de lotes también fueron intimados.
Fuentes ligadas al caso adelantaron a El Quilmeño que, ahora, ambas partes (compradores y la empresa) tienen cita para llegar a un acuerdo en la Oficina de Mediación penal. Mientras tanto, avanza de forma paralela una investigación por “estafa inmobiliaria”, a raíz de una ‘contra-denuncia’ de los damnificados.
Los “usurpadores” afirman haber comprado “de buena fe”. Muchos de ellos firmaron boletos de compra-venta en cuatro inmobiliarias de Quilmes. “Nosotros somos compradores de buena fe, somos 136 familias que compramos en tres inmobiliarias. Nos vendieron humo. Nos vendieron una posesión pacífica ininterrumpida de 15 años. Acá han vendido 159 lotes, repartidos en 136 familias. No somos ‘okupas’, somos compradores de buena fe. Pagamos con escribana de por medio”, aseguró una de las víctimas.
En medio del conflicto, el Municipio de Varela sentó su posición a través de un comunicado oficial y explicó que todo “sucedió sin la intervención del Municipio y fue realizado por actos propios de particulares”.
“Desde la Municipalidad no les fue otorgada la aprobación para realizar las construcciones en el predio desalojado, como así tampoco solicitaron la información pertinente a dichos fines. Conforme consta en el expediente administrativo, el Municipio ha llevado adelante las intervenciones administrativas correspondientes”, informaron.